"El pronunciamiento del gobierno regional de Lima, planteando la inconstitucionalidad de la ley que garantiza a Perú LNG la construcción de la planta de licuefacción del gas de Camisea en el terreno ubicado en el kilómetro 179 de la Panamericana Sur (Quebrada de Topará), zona conocida como Pampa Melchorita, no solo pone en riesgo las inversiones de este consorcio, sino que aviva, una vez más, el conflicto y las rivalidades entre las provincias de Chincha y Cañete", afirmó el presidente del gobierno regional de Ica, Vicente Tello Céspedes.Mediante un comunicado publicado el martes, el presidente de la región Lima. Miguel Ángel Mufarech, criticó la decisión de la Comisión de Descentralización del Congreso de archivar el proyecto de ley que, basado en un informe técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros, concluía que el terreno limítrofe en conflicto -donde se construirá la planta- está situado en Cañete."El archivamiento, que erróneamente fijaba los nuevos límites, no hace sino enmendar un grueso error en el que incurrieron los técnicos de la Oficina Nacional de Demarcación Territorial", afirmó el alcalde de la provincia de Chincha, Félix Amoretti Mendoza, quien agregó que esta decisión deja sin efecto la usurpación y recorte de casi 40 mil hectáreas que, histórica y cartográficamente, pertenecen a los distritos chinchanos de Grocio Prado, Chavín y Pueblo Nuevo y que, escandalosamente, se pretendían ceder a Cañete, afirmó.A su turno, la alcaldesa de Cañete, Rufina Lévano Quispe, sostuvo que la decisión del Congreso obedece a intereses políticos de los congresistas integrantes de la Comisión de Descentralización.