Por Mercedes Aráoz. Durante años, el debate sobre el Estado en el Perú ha estado mal planteado. Se ha reducido a una discusión ideológica –más Estado o menos Estado– cuando el verdadero problema es otro: tenemos un Estado mal organizado, fragmentado y con capacidades debilitadas, incapaz de servir adecuadamente al ciudadano ni generar confianza en la institucionalidad pública. Uno de los principales nudos de esta ineficiencia es el diseño de nuestra descentralización. El país se organiza hoy en 1,874 distritos a nivel nacional, 196 provincias y 25 gobiernos regionales, una atomización que dificulta seriamente la provisión de bienes y servicios públicos de calidad. La fragmentación territorial multiplica burocracias, dispersa recursos y diluye responsabilidades. El caso de Lima Metropolitana es ilustrativo: 43 distritos ejecutando obras inconexas, sin una visión integrada de transporte, seguridad, vivienda o servicios urbanos, pese a compartir una misma realidad conurbada. Pensar en una reforma del Estado exige, por tanto, repensar su organización territorial. No se trata de borrar identidades locales ni de recentralizar decisiones, sino de avanzar hacia circunscripciones más grandes y funcionales, capaces de planificar y proveer servicios públicos de manera eficiente. Las macroregiones, construidas alrededor de cuencas, corredores productivos, ecosistemas compartidos o realidades urbanas integradas, permitirían una gestión pública más coherente con la dinámica económica y social del territorio.
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