Por Alonso Rey. El reciente artículo del presidente de Argentina, Javier Milei, y de su ministro, Sturzenegger, en The Economist, lanza una provocación útil: dejen de demonizar a las grandes empresas y empiecen a mirar a los reguladores. No hace falta estar de acuerdo con todo el planteamiento argentino para reconocer que hay una pregunta incómoda que también aplica al Perú: ¿quién vigila a quienes deciden qué se puede hacer?, ¿cuánto se puede cobrar y quién puede entrar a competir? En nuestro país, buena parte del problema no está en el "gran capital", sino en las barreras burocráticas que imponen municipalidades, ministerios y organismos reguladores. Exigencias, requisitos, cobros, papeleos, silencios administrativos que se eternizan: un laberinto que encarece la actividad económica y frena proyectos que podrían generar empleo formal. Y nadie los denuncia cuando no cumplen con los plazos o cuando extorsionan por permisos o licencias. Esas trabas no golpean solo a las grandes empresas -que suelen tener equipos legales y espaldas financieras-, sino sobre todo a los pequeños negocios. El bodeguero, el restaurante de barrio, la pyme que quiere crecer termina dedicando horas a trámites y licencias en vez de atender clientes e innovar. Luego preguntan por qué hay tanta informalidad, si es el propio Estado quien los empuja a esta situación.