Por María Julia Aybar. Desde que el 31 de diciembre del 2025 fue publicado el Decreto de Urgencia 010-2025, que dispone la reorganización de Petro-Perú, se ha desatado una avalancha de opiniones. Están quienes celebran la decisión; quienes denuncian una supuesta "privatización encubierta", como si privatizar fuera un delito; quienes reconocen que ya no era sostenible seguir inyectando recursos, pero advierten que la medida no resuelve el problema de fondo; y quienes prefieren mantener todo como está, lo que habría generado la presentación de hasta 10 proyectos de ley para derogar el decreto. Lo paradójico es que esta intensa discusión no ocurrió cuando realmente se necesitaba: hace más de dos años, cuando se alertó que la adjudicación de lotes a Petro-Perú podía profundizar sus vulnerabilidades. Si entonces se hubiera generado un debate tan amplio como el actual, probablemente el problema no estaría resuelto, pero sin duda sería menos grave. Más allá de cualquier postura personal, hay algo evidente: este no es un problema simple, le ha costado muchísimo dinero al país y sospecho que le seguirá costando. Lo rescatable es que, finalmente se ha puesto el ojo en el problema. Ojalá no se retroceda ahora que el proceso de solución empieza a tomar forma porque el camino será largo: recién a finales de este mes se espera el plan de promoción que viene elaborando Pro Inversión.