El Gobierno ha endurecido las sanciones contra la minería ilegal. La oficialización del Decreto Legislativo 1695 introduce cambios en el Código Penal, que incluye el incremento de la pena mínima de prisión. La norma redefine el marco penal aplicable a la minería ilegal mediante la modificación de los artículos 307-A, 307-E y 307-F, así como la incorporación de un nuevo artículo, el 307-G, al Código Penal, Decreto Legislativo 635. Entre los principales cambios, el decreto amplía el alcance del delito de minería ilegal incorporando a este a las personas que obtengan beneficios o desarrollen actividades vinculadas a esta práctica al margen de la ley, conforme a la normativa que regula la actividad minera.