INSEGURIDAD. La respuesta del Gobierno frente a la escalada de violencia, extorsión y crimen organizado en el transporte público combina algunos aciertos técnicos con decisiones de alcance limitado. Las normas aprobadas hace unos días incluyen herramientas que podrían tener efectos reales si se aplican con disciplina y continuidad, pero también incorporan medidas diseñadas más para mostrar reacción que para alterar el funcionamiento de organizaciones criminales que hoy operan con control territorial y lógica empresarial. Entre las iniciativas con mayor potencial está el refuerzo de la persecución financiera de la extorsión. El involucramiento de la SBS, la UIF y el cruce más ágil de información con la Policía apuntan al núcleo del problema: la extorsión es una actividad económica sostenida. Reducir su rentabilidad afecta la capacidad operativa de las bandas, siempre que las investigaciones no se queden en intermediarios y avancen hacia quienes controlan los flujos de dinero. En la misma línea, el uso de mapas del delito y el patrullaje focalizado corrige una falla importante: el despliegue policial sin inteligencia previa. La extorsión no es aleatoria; responde a territorios, rutas y horarios específicos. También es relevante el énfasis en la extinción de dominio. Aunque sus resultados no son inmediatos, es uno de los pocos instrumentos capaces de debilitar estructuras criminales más allá de detenciones puntuales.