Si bien la iniciativa que ha mostrado el Gobierno con respecto a Petro-Perú es indudablemente positiva, la saga de la petrolera estatal está muy lejos de terminar. La división en bloques patrimoniales, el traspaso a Pro Inversión, la reducción de la planilla, la venta de su edificio central, entre otros esfuerzos delineados en el decreto de urgencia de hace dos semanas, son en principio medidas razonables. Pero no sería esta la primera vez que se diseña un plan sensato para Petro-Perú que luego se da de bruces contra el manejo político y los intereses de quienes no quieren que nada cambie. De hecho, la resistencia interna no tardó mucho en hacer notar su fuerza: esta semana, la nueva gerenta general de Petro-Perú, Rita López, presentó su carta de renuncia una semana después de asumido el cargo. La dimisión no ha sido aceptada por la junta general de accionistas (JGA), pero es evidencia de la fuerza que tienen los grupos internos de presión y de lo difícil que será cualquier cambio de fondo. Las soluciones, sin embargo, tampoco deberían tardar mucho. De acuerdo con el informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicado hoy en este Diario, desde el 2013, el apoyo financiero estatal a Petro-Perú asciende a S/.24.600 millones, o el equivalente a 95 hospitales de mediana complejidad. Y la empresa sigue perdiendo dinero a mansalva: el año pasado reportó pérdidas por US$770 millones. (Edición domingo)
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