Por Alejandra Costa. Creo que muchos olvidamos que el plan de gobierno de Perú Libre con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia en el 2021 planteaba una "nacionalización de los yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos", para que el Estado Peruano "administre el total de las utilidades generadas". Y aunque ese sueño perulibrista felizmente no se concretó en su total dimensión, tanto la administración de Castillo como la de su sucesora, Dina Boluarte, mantuvieron en puestos de poder en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y en la petrolera a funcionarios que simpatizaban con la equivocada idea de que al país le conviene que Petro-Perú le ‘quite’ espacio al sector privado y, por lo tanto, pueda ‘absorber’ las utilidades que actualmente se quedan en los bolsillos de los empresarios, sin importar el costo. Con esa convicción, se le entregaron a dedo lotes petroleros en Talara, pese a las quejas de los gremios empresariales, y se le regalaron S/17.888 millones en ayudas financieras entre el 2022 y el 2024 para mantenerla a flote en medio de un mar de deudas. Esas ayudas, recordemos, siempre iban acompañadas de condiciones como planes de austeridad o reestructuraciones financieras que prometían, ahora sí, resolver los problemas financieros de Petro-Perú. Sin embargo, al final, terminaban siendo barridas debajo de la alfombra por las cúpulas en la petrolera y el Minem, ante la impotencia en algunos casos, o la complicidad en otros, del ministro de Economía de turno.