Por Jaime Dupuy. Este 2026 será un año bisagra para el Perú. A nivel económico, la mayoría de las proyecciones apuntan a un crecimiento moderado, con tasas cercanas al 3%, impulsadas por un mejor entorno internacional, condiciones climáticas favorables y mayor inversión privada. Pero no debemos confundir el rebote con un verdadero cambio de tendencia. Si queremos que este año marque el inicio de una nueva etapa de crecimiento sostenido, debemos volver a poner en valor un principio fundamental: la defensa irrestricta de la empresa privada y de las libertades económicas como motor del bienestar. Las cifras lo confirman. El 99% de las empresas en el Perú son micro o pequeñas, y generan cerca de la mitad del empleo del país. En los últimos años, a pesar de un entorno adverso, más de 100,000 nuevos negocios formales se crearon solo en el tercer trimestre del 2025. Esta capacidad emprendedora debe ser reconocida y protegida. Y eso empieza por entender que cada empresa -grande o chica, formal o que busca formalizarse- es un actor clave para el desarrollo. Lamentablemente, hemos pasado años en los que se ha vilipendiado al empresariado, confundiéndolo con privilegios o rentismo. Lo que necesitamos ahora es lo contrario: políticas que faciliten hacer empresa, eliminen trabas inútiles, reduzcan costos regulatorios y restituyan la confianza en el futuro.
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