El Poder Judicial (PJ) declaró inaplicable la Ley APCI, la norma que amplía las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para fiscalizar y sancionar a las ONG, en el caso del Instituto de Defensa Legal (IDL), tras una acción de amparo admitida por el Sexto Juzgado Constitucional de Lima. De esta manera, los artículos que imponían autorización previa y posibles sanciones económicas a las ONG que reciben cooperación internacional no podrán aplicarse al IDL. La decisión ha generado críticas, especialmente del parlamentario Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, quien acusó al PJ de evitar aplicar una ley aprobada por el Legislativo y promulgada por el Ejecutivo, poniendo en discusión la división de poderes y la seguridad jurídica en el Perú.