Una noticia conocida el martes ha hecho sonar la alarma con relación a la actitud aparentemente complaciente del gobierno de José Jerí hacia la minería informal e ilegal. Nos referimos a la designación de Wilfredo Pedro Portilla Barrera como nuevo director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem). La razón de tal alarma es que Portilla Barrera fue uno de los más 50.000 excluidos recientemente del Reinfo por no haber cumplido con los requisitos mínimos para permanecer en él. Si consideramos que la dirección a la que ha sido incorporado tiene por objeto proponer y evaluar la política de formalización minera, expedir la normatividad sobre el particular, elaborar indicadores para medir los avances en la lucha contra la minería ilegal y acopiar la información necesaria para los operativos de interdicción, el contrasentido del nombramiento resulta evidente. Para decirlo en palabras del abogado especialista en materia ambiental César Ipenza, al que este Diario consultó sobre la decisión del gobierno: "¿Cómo se le va a exigir a alguien que cumpla los requisitos cuando quien dirige el proceso de formalización no ha sido siquiera capaz de cumplir las exigencias mínimas?". Irónicamente, en la resolución ministerial a través de la cual se lo designa para el referido cargo, se señala que Portilla Barrera no se encuentra "incurso en conflictos de intereses reales".