Por Iván Arenas. El Caso Lupaka es espinoso. Muy espinoso. Ha remecido el estratégico mundo del arbitraje internacional en el sector minero en esta parte del continente. Es la primera vez que el Perú pierde una demanda arbitral internacional -ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)- interpuesta por una empresa minera. Quizá no sea la última. Antes de continuar, el suscrito no tiene relación comercial con alguna empresa referida en esta columna. Seguimos. El Estado Peruano ha perdido un laudo arbitral y le pagará a la canadiense Lupaka Gold Corp. más de US$67 millones porque -según la resolución del Ciadi- el Perú "ha incumplido sus obligaciones de protección a la inversión extranjera". Ojo, léanlo despacio: el Estado ha incumplido sus obligaciones con la inversión extranjera en general, dice la resolución del influyente Ciadi. El fallo del tribunal -que se publicó el 30 de junio y el propio Estado no solicitó la anulación de acuerdo con el plazo establecido- es "definitivo" y en "cumplimiento exigible". En otras palabras, el Estado deberá pagar sí o sí. ¿Por qué una empresa minera obtiene una victoria en los tribunales del Ciadi contra el Estado Peruano? Según la resolución de la institución supranacional, "el Estado Peruano no actuó con la debida diligencia para salvaguardar la seguridad y las inversiones" de la compañía que había invertido millones de dólares en el proyecto aurífero Invicta, en las alturas de Lima Provincias, y que en el 2019 fue bloqueado, atacado y paralizado de manera definitiva por una comunidad aledaña.