Ayer, los principales representantes del Gobierno como el premier Ernesto Álvarez, la ministra de Economía Denisse Miralles y el ministro de Energía y Minas Luis Bravo de la Cruz brillaron por su ausencia en la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para explicar el decreto de urgencia que encamina la privatización de Petroperú.La ausencia fue cuestionada por los participantes de la sesión, en la que se analizó el impacto que tendría la eventual privatización y salida de la empresa estatal sobre los precios de los combustibles, la canasta básica, el empleo y el abastecimiento en zonas alejadas del país.Uno de los principales cuestionamientos al decreto fue su impacto directo en los precios de los combustibles y, en consecuencia, en el costo de vida en caso el decreto siga la rienda de la privatización de la petrolera. Actualmente, Petroperú cumple un rol de estabilizador de precios en el mercado local, con una participación del 27% en gasolina premium, 40% en gasolina regular y 33% en diésel en Lima.