Por Enzo Defilippe, profesor principal de la Universidad del Pacífico.En mayo del año pasado valoré Petroperú para enseñarles a mis alumnos cómo se valora una empresa en serias dificultades financieras. Nadie entendía cómo ni por qué seguía operando. Su margen bruto -la diferencia entre los ingresos y el costo de producir lo que vende, sin considerar gastos-, ya ínfimo en 2022, ha sido severamente negativo desde entonces: entre -9% y -7.5% de los ingresos. ¿El margen operativo? Obviamente peor: entre -25% y -15%. En el primer trimestre de 2025, la deuda alcanzaba los US$5,600 millones, mientras que el patrimonio era de apenas US$2,300 millones. Es decir, estaba técnicamente quebrada. Y la situación ha seguido deteriorándose desde entonces.En esa oportunidad estimé el valor del patrimonio -como una opción real- en US$1,200 millones, monto que podría llegar a US$2,600 millones suponiendo que fuera operada por alguien que sabe hacerlo. Son cifras que representan apenas una fracción de los S/17 mil millones que, según mi colega Carlos Parodi, desde 2022 el Gobierno ha entregado a quienes han llevado a Petroperú a la quiebra. Un verdadero desastre. Y un crimen si consideramos los kilómetros de carreteras, y la cantidad de colegios y hospitales que podríamos haber construido o mejorado con ese dinero.¿Cómo llegamos hasta aquí? Aunque el problema es complejo, la respuesta es simple: gestión incompetente, mentiras reiteradas y políticos cínicos que, a cambio de apoyo político, han mantenido los privilegios de los trabajadores a expensas del resto de los peruanos. No sorprende que, de acuerdo con la ministra de Economía, el 50% del costo de la planilla corresponda a beneficios adicionales.Esta es una evidencia más -como si décadas de malas experiencias no bastaran- de que el Estado es un pésimo gestor de empresas. Por ello, la única manera, ya no de recuperar lo invertido, sino de dejar de perder más dinero, es asumir las pérdidas, vender los activos y dejar que sean otros quienes inviertan bajo su cuenta y riesgo.