La bancada aprista presentó un proyecto de ley para castigar a quienes atenten contra los servicios públicos con una pena no menor de tres ni mayor de seis años de cárcel.La iniciativa modifica el artículo 186° del Código Penal, referido al hurto de bienes que constituyan instalaciones y equipos utilizados para prestar servicios públicos de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones. Este delito será castigado con las agravantes de ley, en caso de que el hurto se cometa en zonas donde -por razones técnicas- los servicios públicos se encuentran restringidos, precisa el proyecto.El proyecto también propone modificar el artículo 194° del Código Penal, para castigar con penas de dos a cinco años el delito de receptación de equipos y bienes destinados a la prestación de servicios públicos.
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