Por Luis Alberto Arias M., economista.El gobierno de transición que preside José Jerí publicó, en edición extraordinaria de El Peruano, cuando todos los peruanos nos preparábamos a recibir el nuevo año, el Decreto de Urgencia 010-2025, que declara en reorganización patrimonial a la empresa Petroperú. El mencionado Decreto encarga a Proinversión la reorganización de Petroperú en bloques patrimoniales que pueden incluir la nueva Refinería de Talara, para lo cual se incorpora a la estatal petrolera en los alcances del proceso de promoción de la inversión privada regulado por el Decreto Legislativo 674.Esto significa, de acuerdo con el mencionado Decreto Legislativo, que las unidades de negocio de Petroperú, una vez agrupadas, podrán ser vendidas parcial o totalmente; entregadas a un administrador privado vía contratos de gerencia; otorgadas en concesión o en contratos de asociación en participación al sector privado. La modalidad o modalidades de promoción de la inversión privada serán aprobadas en un plazo de 60 días calendario por el presidente ejecutivo de Proinversión.Asimismo, el Decreto de Urgencia autoriza la terminación de las relaciones laborales correspondientes, teniendo en cuenta la modalidad de promoción de la inversión privada que resulte aplicable. Para financiar un casi seguro programa de renuncias, Petroperú recibirá un aporte de capital del fisco por 240 millones de soles.Estas medidas tomadas por el gobierno tienen como antecedentes sucesivos rescates financieros para evitar la quiebra de la petrolera, vía aportes de capital y préstamos del Tesoro Público financiados con impuestos que pagamos todos los peruanos, préstamos del Banco de la Nación con garantía del Tesoro y pagos directos de la deuda de la empresa con los bonistas. En conjunto, el total de los sucesivos rescates asciende, según diversos estimados, a más de $ 6,000 millones.