Por Whitney Miñán Cabeza, editora de Economía del diario Gestión.El último suspiro del 2025 trajo consigo una decisión que era impostergable: el decreto de urgencia para reestructurar (ahora sí) Petroperú y "dividirla" en bloques patrimoniales.Tras años de rescates financieros lanzados a un barril sin fondo, a juzgar por los resultados la petrolera estatal, el Gobierno finalmente aceptó que el modelo actual es insostenible.Sin embargo, el tiempo que indica el DU, que tomará 60 días -hasta febrero o marzo- tan solo para plantear el plan, enciende una señal de alerta que no debemos ignorar: el factor tiempo.En la gestión pública peruana, los plazos suelen ser elásticos y la burocracia, paquidérmica. Si el plan estratégico se presenta recién al cierre del primer trimestre del 2026, y a eso le sumamos los pasos legales y operativos para que el capital privado finalmente ingrese a los bloques, entramos en una zona de altísimo riesgo político.El proceso electoral está a la vuelta de la esquina y dejar la reestructuración a medio camino es un error estratégico fatal. El margen de decisión no debería quedar en manos del próximo Gobierno; la ruta debe quedar blindada, ejecutada o, al menos, en un punto de no retorno. Aquí está la clave de su éxito. La historia del Perú nos enseña que lo que no se termina en un periodo claro, se desmantela o se ideologiza en el siguiente.
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