Por César Gutiérrez Peña.En los últimos días viene circulando por los medios de comunicación un supuesto decreto supremo (DS) que estaría promovido por la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, donde se le da categoría de factótum a ProInversión, para tomar decisiones de escisión y venta de activos de Petroperú. Un despropósito descomunal.Desde hace 13 años soy crítico de las decisiones que se toman en la petrolera estatal sobre lo que hoy llaman Nueva Refinería Talara, advirtiendo que se hacían supuestos irreales para justificar una inversión que calificaba de impagable. El tiempo me ha dado la razón, y la crisis actual era inevitable; sin embargo, no puedo ser partícipe de la liquidación de la empresa a precio de remate, con ProInversión haciendo de martillero.Lo importante para el Estado es no generar más carga onerosa para la caja fiscal. A nombre de ello, hay que tener claras las cifras para tomar decisiones. La deuda de la petrolera asciende a 7,900 millones de dólares (MMUS$) y la venta de activos debería tener como resultado disminuir el impacto en el tesoro público, para lo que hay que ser ordenado, transparente y paciente. La venta a tontas y a locas por un gobierno que le quedan 7 meses de vida llevaría a una subvaluación y suspicacias; peor aún si lo hace ProInversión, que es a quien están dando el encargo de tomar decisiones, vía DS, que pretenden que pase por encima de la Ley 28840, que da autonomía a Petroperú. Si es necesario vender activos, la Junta General de Accionistas debería instruir al directorio para que lo haga.