Por Alonso Rey Bustamante, presidente de ComexPerú.La minería ilegal es hoy una de las principales fuentes de criminalidad, corrupción y pérdida de control territorial en el Perú. Basta mirar Madre de Dios y zonas de la Amazonía: comunidades arrinconadas, ecosistemas devastados y mafias que mandan donde el Estado solo aparece en los discursos. Frente a eso se creó el Alto Comisionado contra la minería ilegal, encargado de articular la estrategia nacional. Sobre el papel suena bien: alguien que coordine sectores, regiones y fuerzas del orden. El problema es que, sin recursos suficientes, no es más que un comando sin munición. Este año el Ejecutivo anunció casi S/178 millones para 2026, más del doble que en 2025. Es un avance, pero sigue siendo poco frente a un negocio ilegal que mueve cientos de millones, financia mafias y obliga al Estado a operativos costosos que terminan en titulares, no en control real del territorio.Entonces, surge una pregunta incómoda: si la minería formal aporta canon y regalías, ¿tiene sentido que parte de esos recursos termine subejecutada o mal usada mientras la lucha contra la minería ilegal sigue con el freno de mano puesto? Si esos fondos no se usan, una porción debería redirigirse a financiar de verdad la estrategia contra la minería ilegal. La lógica es simple: a mayor formalización, mayor recaudación por canon y regalías; y a mayor recaudación, más recursos para combatir la ilegalidad. Hoy ocurre lo contrario: la minería ilegal compite con la formal, erosiona la base tributaria, destruye el territorio y obliga al Estado a gastar más en operativos. No tiene sentido que el esfuerzo de las empresas formales termine subsidiando la inacción frente a quienes operan al margen de la ley.