Por Iván Arenas.De alguna u otra manera tenemos que reconocer que la minería ilegal (es decir, la minería que se realiza en zonas prohibidas, así como aquella minería que invade concesiones y/o compra producción robada que luego es camuflada a través del Reinfo) tiene cierta legitimidad en los lugares donde se realiza, no obstante el tremendo daño ambiental y los profundos impactos sociales en estas zonas. Comunidades nativas o indígenas y hasta ronderos participan en la larga cadena de la minería ilegal sin que se les mueva un pelo. "El oro no es cocaína" se suele decir, y ello es cierto, pero semejante premisa no puede servir para proponer políticas públicas que no vayan al centro del problema, sino solo a las consecuencias. En otras palabras, que "el oro no sea cocaína" no significa que debamos cerrar los ojos frente a lo que sucede y "echarle tierra" o hacernos los tontos. La minería ilegal e informal (cada una de ellas distintas, ojo, pero que muchas veces se juntan) son industrias con cadenas altamente competitivas y proactivas que tienen financiamiento, proveedores, asesores, estudios de abogados, profesionales y un largo etcétera de elementos en su cadena de negocio. Y muchas veces estos "elementos" son absolutamente formales y legales. ¿A qué voy? A que debido a las altas ganancias que producen la minería ilegal y la informal, hay ciertos "elementos" a quienes no les hace ningún problema establecer negocios o hacerse de la vista gorda (como se suele decir) con dichas industrias. Así como en la política hay ciertos congresistas que avalan y desarrollan estrategias que amparan la minería informal e ilegal con normas y prerrogativas legales, en una parte del mundo empresarial hay también algunos a los que, con tal de facturar y liquidar, no se les hace ningún problema tener vínculos con ese mundo ilegal e informal. Esa relación es -evidentemente- a través de terceros o de manera indirecta.