La ampliación del REINFO por parte del Congreso es la confirmación de una forma de hacer política basada en aplazar indefinidamente los problemas estructurales. Que el pacto parlamentario autoritario haya vuelto a optar por la prórroga como sustituto de la reforma minera que necesita el país, hace más complejo el problema de gobernabilidad que no distingue entre minería artesanal, informal e ilegal, además de acrecentar las brechas que las mantiene sin trazabilidad.La paradoja es notable. La minería sigue siendo uno de los principales motores de la economía peruana, clave para el PBI, las exportaciones y los ingresos fiscales. Sin embargo, una parte significativa de esta actividad se desarrolla fuera del control efectivo del Estado. En ese campo, sin fiscalización ni distribución eficiente de la tierra, economías ilegales articulan la extracción aurífera con crimen organizado y violencia territorial. De esa manera, esta informalidad, lejos de ser un tránsito hacia la legalidad como ya se ha constatado, se ha convertido en el punto de entrada a la ilegalidad y freno al desarrollo.En el centro de esta crisis se encuentra una forma que ejecutar la política que elude sistemáticamente el problema que nace, por ejemplo, de la titularidad de las concesiones mineras. La mayoría de los inscritos en el REINFO no tiene derechos sobre las áreas que explota.Por lo tanto, mantener este vacío legal dificulta la seguridad jurídica y, por lo tanto, perjudica tanto a pequeños productores como a la minería formal que sí cumple las normas.