Por Jimena Sologuren, presidenta de Perumin 37.Cuando pensamos en el Perú que soñamos, imaginamos un país con carreteras que unan regiones, postas y hospitales que atiendan con dignidad, escuelas que formen nuestro talento y calles donde vivamos sin miedo. Ese Perú es posible. No es un ideal lejano; está al alcance de nuestras manos si somos capaces de ejecutar la cartera de proyectos mineros que hoy supera los US$64.071 millones, una oportunidad real para transformar la vida de millones de peruanos.Pero para alcanzar este sueño necesitamos un marco institucional firme y coherente. La minería puede seguir siendo una gran palanca de desarrollo, pero no lo será plenamente si mantenemosvacíosnormativos,burocraciaqueatrasa y excepciones indefinidas o registros que, como el Reinfo, terminan siendo usados para encubrir actividades que no tienen intención de cumplir la ley. Es indispensable que las reglas sean claras, estables, eficientes y orientadas al bien común.La formalización es clave, no puede seguir postergándose. La nueva Ley MAPE debe sentar las bases para una minería artesanal moderna, integrada y sostenible; una actividad que brinde empleo digno y que se distinga de manera firme e inequívoca de la minería ilegal que destroza el ambiente, las comunidades y la seguridad del país. Para ello, necesitamos fortalecer la trazabilidad de minerales e insumos, garantizando que los beneficios de la formalidad lleguen solo a quienes actúan dentro de la ley y con vocación de permanencia.Sin embargo, formalizar no basta si no recuperamos el principio de justicia y autoridad sobre el territorio. La minería ilegal se ha convertido en la mayor amenaza para el Perú: destruye ríos y bosques, alimenta redes criminales y vulnera a poblaciones enteras. Necesitamos una estrategia integral que abarque toda la cadena ilícita, desde la desviación de insumos hasta los canales de comercialización y exportación. No podemos permitir que la violencia en zonas críticas o los ataques a operaciones formales se normalicen. Si queremos que la minería formal siga aportando al progreso, es indispensable exigir el cumplimiento del Estado de derecho.