El Congreso dio autorización al Ejecutivo para legislar, durante 60 días, sobre asuntos como delitos informáticos, minería ilegal y reforma migratoria, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, la economía y la institucionalidad.Esta medida permitirá al Gobierno dictar decretos legislativos que actualicen normas y faciliten una respuesta rápida frente a problemas urgentes. Entre las acciones previstas se incluye la actualización de la ley de delitos informáticos, incorporando nuevas sanciones para conductas vinculadas al tráfico de datos, fraudes digitales y otros.En paralelo, se reforzarán las medidas contra la minería ilegal, aumentando las penas y ampliando las figuras penales.