La gestión de Josué Gutiérrez ha profundizado el deterioro institucional de la Defensoría del Pueblo, según alertan trabajadores, exdefensores y organismos internacionales. Señalan que su conducción ha debilitado la autonomía del organismo encargado de proteger derechos fundamentales y fiscalizar al Estado.Diversos actores coinciden en que la institución atraviesa una crisis interna inédita. Se cuestiona el alineamiento político del defensor y su silencio frente a denuncias graves, lo que, según especialistas, afecta la credibilidad del organismo y su capacidad para actuar con imparcialidad.