Por Omar Mariluz Laguna, director del diario Gestión.Durante décadas, los peruanos desarrollamos una extraña tolerancia a la informalidad. "El peruano es chamba", nos dijimos, validando al emprendedor que opera al margen de la ley para sobrevivir. Pero lo que estamos viviendo al cierre de este 2025 es una mutación siniestra de ese fenómeno. Como discutimos con crudeza en nuestra última mesa de Diálogos el Perú ha dejado de normalizar la informalidad para empezar a normalizar la ilegalidad. Y esa diferencia semántica nos está costando la viabilidad como país.Entramos a la recta final hacia las elecciones generales del 2026 en el peor de los mundos: con un crecimiento económico maquillado por la suerte externa y un tejido institucional carcomido por el delito.El caso de la minería ilegal es el síntoma más purulento. En los pasillos del Legislativo, este sector goza de la "bancada" más poderosa y transversal. No importa si la camiseta es de izquierda o derecha; cada vez que el Reinfo está por vencer, aparece una mano amiga para extender el plazo, prolongando un manto de impunidad que cuesta sangre y destrucción ambiental. Han convertido una medida temporal en un estado de excepción permanente.Pero la metástasis no se detiene en el oro. La hemos visto en la defensa férrea al transporte ilegal. Se ha legislado para formalizar al "colectivero" que opera sin control, mientras las empresas detransporteformalsonasfixiadas por la competencia desleal y la extorsión.
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