El agente del Estado peruano, Luis Alberto Salgado, no comparte la preocupación expresada por el premier Jorge del Castillo ante la demanda que un grupo de pensionistas de la Ley 20530 presentara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado expresó ayer su confianza en que dicha instancia supranacional no admitirá la denuncia. Como sustento de su optimismo, dijo que en este caso no se viola ningún derecho en el ámbito laboral y aseguró que la reforma del citado régimen pensionario se hizo siguiendo los procedimientos constitucionales.Otro de los argumentos con los que se cuenta para defender la legalidad de la cancelación de la denominada Cédula Viva -indicó- es que esto se hizo en el marco de una reforma del Estado que buscaba establecer un sistema de salarios, pensiones y jubilaciones más justo y equitativo.