Durante todo este año, comunidades asháninkas y andinas asentadas en la cuenca del río Autiki, en Junín, denunciaron la llegada progresiva de mineros impulsados por concesiones otorgadas por el Gobierno Regional. Estas autorizaciones, según señalan desde el Comité de Defensa Ambiental del Río Autiki, se realizaron sin consulta previa a los pueblos indígenas que poseen títulos de propiedad colectiva, y fueron usadas como argumento por operadores que ingresaron al territorio con maquinaria pesada, retroexcavadoras y personal externo.