En los últimos años, los países de la región andina han aumentado de forma sostenida el gasto público en salud y educación. No obstante, dicho incremento no se ha traducido en mejoras de los indicadores sociales. El caso peruano es un ejemplo de ello: si bien se tiene un mandato legal de destinar el 6% del PBI a estos sectores, las familias siguen recurriendo a su propio bolsillo para cubrir servicios esenciales.Esta conclusión forma parte del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que fue presentado por el economista principal regional del BID, Jordi Prat, durante el XXXVI Seminario Anual de Investigación CIES 2025. Dicho informe señala que la limitación no radica en la cantidad de inversión que hay en el Perú, sino en la eficiencia y calidad con la que se distribuyen y ejecutan los recursos públicos.