Una cadena de fallos, resoluciones administrativas y proyectos legislativos han colocado al sector laboral en un escenario incierto: mientras el Tribunal Constitucional (TC) validó que el Estado pueda limitar parcialmente la tercerización en las empresas, el Indecopi sostuvo lo contrario y declaró ilegal esa restricción.Ahora las miradas están puestas en un actor clave: la Corte Suprema, que debe decidir si la prohibición introducida en el DS 001-2022-TR será finalmente válida o no. Mientras, el Congreso va por su propio camino con siete iniciativas vinculadas a la tercerización.La controversia empezó en febrero del 2022, cuando el Gobierno de Pedro Castillo aprobó el DS 001-2022-TR, que prohibía tercerizar actividades consideradas parte del "núcleo del negocio".En este contexto, una primera medida llegó desde el Indecopi, que declaró la prohibición como una barrera burocrática ilegal, con lo que la regla quedó inaplicable.Paralelamente, en el Poder Judicial, la Tercera Sala Constitucional anuló la definición del "núcleo del negocio" por ser imprecisa y dejó claro que solo podría sancionarse la tercerización si se demostraba fraude, no por la sola naturaleza de la actividad.
- [Gestión,Pág. 13] /