Ha pasado un año y 6 meses desde que María Fernanda Morales Gutiérrez, trabajadora entonces en el despacho del congresista Raúl Doroteo Carbajo, lo denunció por apropiarse del 50% de sus remuneraciones y de todos sus ingresos, y casi un año desde que la Fiscalía de la Nación formalizó denuncia constitucional contra el legislador por este mismo caso por el presunto delito de concusión.Pese al tiempo transcurrido, ha llegado recién a la Comisión Permanente del Legislativo el informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que establece que hay presunción de delito contra la administración pública -concusión en agravio del Estado-, que, según el Código Penal, es sancionado con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.(Edición sábado).
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