Por Carlos Basombrío. Si en el 2023 la minería ilegal ya era la economía criminal más grande con US$4.000 millones, según el Instituto Peruano de Economía, al final del 2025 llegará a 12.000 millones. A su vez, su poder de corrupción y su penetración en los diversos niveles de gobierno y estamentos del Estado -ya evidentes- aumentarán con estas elecciones. Además, hay múltiples evidencias de la capacidad que tienen para expandir otras dinámicas del crimen organizado. Dicho lo anterior, la eliminación del Reinfo -que, por cierto, incluye un privilegio inconstitucional de exención de responsabilidad penal- sería solo un primer mecanismo de contención. En este tema crucial para el futuro del país, o se está de un lado o del otro. No puede haber medias tintas. Del lado de la ilegalidad, la corrupción y el crimen están todas las bancadas del actual Congreso que han votado en la Comisión de Energía y Minas para que se extienda por dos años más y se revise la situación de los 50.000 ya excluidos. Solo estuvieron en contra Diana Gonzales y Ruth Luque. Del otro lado deben estar los que, eliminado el Reinfo, se aboquen a soluciones realistas que permitan la legalización de lo que sea viable y una estrategia seria para atender los problemas sociales subyacentes, empezando con un fondo con dinero y bienes recuperados de la minería ilegal. No hay punto medio. El presidente José Jerí, que ha votado por las dos ampliaciones previas, plantea que debe ampliarse por un año en lugar de dos.