Por Alfredo Thorne. La discusión de por qué se decidió excluir a cerca de 20.000 becas del programa Beca 18 del presupuesto del siguiente año parece verosímil, siempre puede haber errores en la elaboración de la Ley de Presupuesto. Más sorprendente es por qué el gobierno decidió no hacer un ajuste durante la discusión del presupuesto en la Comisión de Presupuesto, o en el pleno. Excluir las partidas para Beca 18 que podría ayudar a miles de estudiantes de bajos ingresos a salir de la pobreza y lograr una carrera que les permita un mayor ingreso y no quedarse atrapados en la trampa de bajos ingresos que fueron destinados a sus antepasados no es la esencia de un presupuesto (una redistribución del ingreso por medio de las asignaciones presupuestales). Que el Ejecutivo y el Congreso decidan aprobar un presupuesto que priorice el aumento de las remuneraciones de los servidores públicos en 9% en términos reales, y que pueden llegar a representar el 36% del gasto total, demuestra que el Estado ha sido tomado por políticos que prefieren priorizar sus propios intereses personales y no el bien común: la base de un Estado patrimonialista. Lo más preocupante es que el gobierno y el Congreso, si aprueba el presupuesto, saben que nace desfinanciado, y que la meta del déficit del 1,8% del PBI no se va a cumplir (según nuestros cálculos, podría llegar al 3,4%). Como ha sido el caso con otras leyes del Congreso que violan el artículo 79 de la Constitución, que le dan la iniciativa del gasto al Ejecutivo, el MEF tendrá que incorporar este mayor gasto durante el año aumentando el déficit y pasándole la factura al siguiente gobierno.
- [El Comercio,Pág. 18] /