A nueve días de que se cumpla el tercer aniversario del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, el Poder Judicial ha sentenciado a sus perpetradores. Lo hizo, por si hacía falta subrayarlo, en un proceso histórico, en el que se respetaron los derechos de los acusados gracias a las garantías que otorga el Estado de derecho, ese mismo Estado de derecho que ellos buscaron desmantelar y del que se han venido burlando desde entonces, desacatando las medidas procesales y efectuando maniobras leguleyas para dilatar su accionar. Seguramente, se comentará mucho sobre este fallo en el futuro, pero, por lo pronto, creemos que su importancia radica en dos aspectos. El primero es que manda un mensaje poderoso a todos aquellos que en el futuro traten de acceder o tomar el control total del Estado por la fuerza: el Perú castiga a los golpistas. Una lección valiosa viniendo de un país que, a lo largo de su vida republicana, ha sufrido el embate constante de quienes buscaron aniquilar la democracia, casi siempre con impunidad. Para el Poder Judicial, este accionar merece un castigo de 11 años y cinco meses de cárcel. Pero, además, la sentencia de ayer recoge los pormenores de lo que ocurrió el día del golpe, dejando en claro que este fue planeado -principalmente- por Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres, que hubo órdenes para la policía de cerrar el Congreso y arrestar a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que, una vez que se dieron cuenta de que no lograrían imponerse, los golpistas trataron de refugiarse en la Embajada de México.