Por Luis Miguel Castilla. La reciente prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) -junto con la reincorporación de más de 50,000 registros retirados aprobada en la Comisión de Energía y Minas del Congreso- vuelve a colocar en el centro del debate público la expansión de la minería aurífera ilegal y su creciente influencia en el poder político. La decisión llega en un momento muy delicado: la cotización internacional del oro permanece en niveles históricamente altos, con la onza superando los US$ 4,000 y con el Banco Mundial proyectando un incremento superior al 40% para este año respecto del anterior. Mientras el metal siga siendo tan rentable, la efectividad de cualquier política de formalización será difícil de alcanzar. El ciclo alcista actual se mantiene gracias a un conjunto de factores que se refuerzan entre sí. La demanda de refugio frente a tensiones geopolíticas, la depreciación del dólar y la búsqueda de cobertura ante riesgos financieros han impulsado la inversión global tanto en oro físico como en instrumentos financieros vinculados al metal. A ello se suma una característica distintiva de este ciclo: la compra récord de oro por parte de bancos centrales. Según el Banco Mundial y el World Gold Council, estas adquisiciones superaron por tercer año consecutivo las 1,000 toneladas y representan hoy cerca del 25% de la demanda global, el doble del promedio observado en el periodo 2015-2019.