Por Carlos Paredes. 1. En los tres años que siguieron a la desastrosa gestión de Petroperú durante el Gobierno de Pedro Castillo, se recurrió a cuatro Decretos de Urgencia (DU) para inyectarle recursos fiscales a la empresa. En conjunto, estos decretos otorgaron más de S/ 10,000 millones en préstamos, aportes de capital y garantías (estas últimas han venido ejecutándose silenciosamente desde junio de este año). 2. ¿Qué se logró con este enorme esfuerzo fiscal? Nada positivo; no se reestructuró la empresa, se perforó las finanzas públicas y se generaron incentivos perversos para seguir haciendo más de lo mismo. Estos resultados no deberían ser sorprendentes. Los DU fueron utilizados para mitigar las consecuencias de un problema de gestión, no para solucionarlo; es más, se ha argumentado que estos DU son inconstitucionales. 3. Este martes, el Tribunal Constitucional escuchó los alegatos de las partes en el proceso de la inconstitucionalidad del último de estos DU planteada por el Colegio de Abogados de Arequipa y representada por el Dr. Walter Gutiérrez. En los últimos meses tuve la oportunidad de compartir mi opinión y conocimiento sobre Petroperú con ellos. El DU en cuestión es indas constitucional, entre otros factores, debido a que la situación que lo motivó no era imprevisible, como lo manda la Constitución. 4. La crisis financiera de Petroperú era plenamente conocida antes de la publicación de estos DU.