Por Anthony Laub. La ampliación del Reinfo es, en la práctica, una autorización para que ciertos grupos continúen explotando oro de manera ilegal, sin pagar impuestos y violando las leyes, y su ampliación es tan previsible, como los recurrentes salvatajes que fueron otorgados a Petroperú o la dación de la cuestionada "ley del perro muerto", que benefició exclusivamente a un club deportivo: Universitario. Mientras tanto, quienes representamos apenas el 8% de contribuyentes que pagamos impuesto a la renta, además del IGV en cada compra, arbitrios municipales, impuesto predial y otras cargas, no gozamos de privilegios similares. Es a este grupo al que el Estado fiscaliza inclementemente. Pareciera que la condición para que el Estado flexibilice obligaciones o condone deudas es contar con un amplio grupo dependiente de una actividad irregular (400,000 peruanos dependen de la minería ilegal), pertenecer al 78% de informalidad, tener una hinchada masiva o formar parte de empresas estatales deficitarias como Petroperú. En contraste, ese reducido 8% debe sostener no solo a sus familias, sino también a la estructura estatal: presidente, ministros, congresistas, asesores, alcaldes, gobernadores, Petroperú, policías, médicos, "docentes" y más de un millón de burócratas y cientos de entes burocráticos cuya eficiencia es cuestionable. ¿El Perú está plagado de inequidades? Sin duda.