Por Paola Villar. El impacto de la minería ilegal en nuestro país ha superado con creces la incidencia de otras actividades ilícitas que proliferan en diversas regiones. Sin restar importancia a la lucha contra otras economías ilegales, en los últimos años la atención y el nivel de alerta se han concentrado, justamente, en el rubro minero criminal, impulsado recientemente por el elevado precio internacional del oro. Mientras que en octubre del 2022 la cotización de este metal precioso se ubicaba en torno a los US$1.664 por onza a escala global, para noviembre del 2025, aún con una moderación respecto de sus picos recientes, el oro se ha situado alrededor de los US$4.063 por onza: un incremento cercano a US$2.400 en solo tres años, que supone una variación superior al 140%. Factores macroeconómicos y geopolíticos explican este aumento de valor en un activo que funciona como refugio financiero por excelencia. Y aunque poco o nada podemos hacer frente a las circunstancias internacionales, también parece que poco o nada -o lo peor- se concreta desde las políticas públicas locales necesarias para enfrentar el núcleo del problema. Ocho días atrás, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que busca extender nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2027, una decisión que no puede pasar desapercibida y que ya ha sido celebrada por algunos mineros artesanales como una victoria preliminar.