Es urgente que el Congreso de la República cumpla con sancionar políticamente a Pedro Castillo casi tres años después de su golpe de Estado fallido. Casi tres años han transcurrido desde que el entonces presidente Pedro Castillo intentó subvertir la democracia con un golpe de Estado a través de un mensaje a la nación. Desde aquella fecha, el exmandatario permanece detenido y ha enfrentado un juicio cuyo fallo se conocerá este jueves. Sin embargo, dejando de lado el tema judicial, el exmandatario también enfrenta un proceso de acusación constitucional en el Congreso de la República cuyo final se encuentra cada vez más cerca. Y es que, hasta la fecha, el golpista expresidente no ha sido aún sancionado políticamente por infringir la Constitución. Ayer, la Comisión Permanente aprobó acusar constitucionalmente al exmandatario por los hechos acontecidos en el golpe de Estado. Durante la sesión, el abogado que designó Castillo, Carlos Torres Caro, fue expulsado después de agraviar al Congreso. Pero este incidente -sumado a las decenas de abogados que ha tenido para todos sus procesos tras su vacancia- revela algo más profundo: Castillo no tiene defensa porque es culpable. En los 13 minutos de alocución que tuvo, Torres Caro no refutó un solo cargo. No presentó una prueba que cuestionara el fallo. No articuló un argumento jurídico que desvirtuara la conclusión de culpabilidad. En su lugar, simplemente hizo demagogia.