Aunque no dejaría de sancionar a las fuentes, el premier Ernesto Álvarez sostuvo que la propuesta del Ejecutivo para tipificar el delito de revelación de información reservada apunta a los funcionarios, y no a los periodistas."El Gobierno es respetuoso, no solo de los medios de comunicación, de la labor periodística, sino también de las unidades de investigación, que no tienen por qué señalar sus fuentes, así como determinan los estándares internacionales de protección a la prensa y a la libertad de información", declaró.