En los últimos meses hemos sido testigos de cómo el Congreso actual ha aprobado un número creciente de leyes con impacto fiscal adverso, y hasta el Consejo Fiscal alertó sobre la proliferación de este tipo de normas que incrementan el gasto público sin una adecuada fuente de financiamiento, con los consecuentes riesgos para la previsibilidad de la política económica del país.En este contexto, y cerca de las elecciones generales del 2026, en las que después de 34 años volveremos a un sistema parlamentario bicameral, resulta relevante analizar el rol que tendrán diputados y senadores en materia económica.Uno de los aspectos centrales es la reafirmación de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia presupuestal. La Constitución y el reglamento del Congreso establecen que la Ley de Presupuesto debe contener disposiciones de orden estrictamente presupuestal. Y aunque en la práctica esta regla ha sido vulnerada, su incorporación en los nuevos reglamentos de las cámaras refuerza la necesidad de limitar la discrecionalidad legislativa en la introducción de gastos no previstos.
- [El Comercio,Pág. 8] /