Por Gabriel Daly, gerente general de Confiep.El presidente José Jerí tiene una oportunidad de oro para corregir los desaciertos económicos acumulados por el Congreso y el Ejecutivo y que hoy ponen en riesgo la estabilidad fiscal construida durante tres décadas. No es un debate técnico entre economistas: está en juego la capacidad del Estado para sostener servicios básicos y políticas sociales.Entre el 2021 y el 2025, el Congreso aprobó más dedos centenares de leyes con impacto fiscal adverso. Casi la mitad sea probó por insistencia, ignorando advertencia s del Ejecutivo y de los organismos especializados. El Consejo Fiscal estima que el costo anual de estas normas asciende a decenas de miles de millones de soles, mientras otros proyectos con efectos similares siguen en trámite. Es una deriva populista que privilegia el beneficio inmediato y la sobrevivencia política por encima del rigor presupuestal.Si esta dinámica persiste, la deuda pública entrará en una senda ascendente y podrá acercarse a niveles propios de economías en crisis. Un deterioro así pondría en cuestión la sostenibilidad fiscal y reduciría el margen de acción del Estado para invertir en los más necesita dos. El Congreso, sin embargo, no actuó solo. También hubo un Ejecutivo que toleró y, en los hechos, legitimó estos excesos al no utilizar las herramientas disponibles. Menos de la mitad de las normas con impacto fiscal fue observada para evitar confrontaciones con el Parlamento. Desde el 2021 se han presentado pocas acciones de in constitucionalidad, pese a que varias leyes vulneraban el artículo 79 de la Constitución o imponían obligaciones desproporcionadas.