Por Luis García Miró Elguera. La minería ilegal mueve miles de millones de dólares cada año, recursos que deberían destinarse a hospitales, escuelas y obras públicas, pero esa plata termina en manos de un reducido grupo de dirigentes mineros. Estos, lejos de representar a los trabajadores, utilizan dichos fondos para consolidar redes de corrupción, manipular procesos electorales y fortalecer estructuras políticas que operan al margen de la democracia. Esta nueva prórroga aprobada no es un gesto social. Es un crimen político para asegurar lealtades electorales, movilizando bases con dinero ilícito.El Congreso de la República ha vuelto a darle la espalda a la institucionalidad y a la ciudadanía. En una decisión que pasará a la historia como muestra de sus vínculos con intereses criminales, el Legislativo aprobó una nueva prórroga para la "formalización" de la minería informal. Bajo el cuento de "darle otra oportunidad a los trabajadores", las bancadas izquierdistas que dominan el Parlamento han legitimado, una vez más, un sistema que no busca integrar a los mineros en la legalidad, sino perpetuar un poder paralelo que se nutre del dinero negro y de la violencia.(Edición domingo).