La conformación de un equipo tecnocrático bien sostenido con capacidad de intervención debidamente controlado con personal capacitado para la certificación ambiental, pero primero para la fiscalización, constituye la primera respuesta que desde el derecho ambiental se puede dar al problema de la minería informal.Así lo advierte el especialista en derecho ambiental Pierre Foy Valencia, al considerar que esta rama del derecho es progresiva en la medida que, de a pocos, se van tomando regulaciones en un contexto en el que la normativa ambiental sigue la suerte de la normativa nacional y, tomando en cuenta la formación de las personas como otro elemento, porque puede haber normas e instituciones modernas, pero si las personas no tienen una lectura adecuada sobre los temas ambientales, de nada sirve lo primero.(Edición sábado).