Cinco muertes y decenas de heridos por las mafias delictivas que chantajean a las constructoras para exigirles puestos de trabajo no pueden quedar impunes. Esta vez el Ministerio del Interior, la fiscalía y el Poder Judicial tienen que actuar decididamente para castigar a los responsables y sentar un firme precedente de tolerancia cero ante esta vandálica modalidad delictiva, cuya última víctima fue un bebe en el Callao.Más allá de eso, esta tragedia debe servir para que los empresarios de la construcción tomen conciencia del problema y den un paso al frente para denunciar a estas bandas que los extorsionan. De otro modo se harían víctimas y cómplices de estos criminales, que incrementan sus costos de producción y les restan competitividad.Ha hecho bien la directiva del sindicato de construcción civil en deslindar la participación de sus miembros en la reyerta de anteayer, a cuyos protagonistas calificaron de "prontuariados y avezados delincuentes". Sin embargo, son conocidas también sus marchas palo en mano para reclamar contratos y puestos de trabajo.Estas son las secuelas que sufrimos hoy y que el Gobierno tiene que desterrar imponiendo orden y autoridad. Urge asegurar la paz pública y la integridad de todos, así como la libertad de contratación. Mayor razón para evitar que en la nueva norma de trabajo se pretenda contrabandear conceptos obsoletos y anticonstitucionales como la 'bolsa de trabajo' y la contratación por ramas.