Un aspecto que destaca por su ausencia en la propuesta aprobada por inicialmente por la comisión congresal es que no se aborda la posible eliminación de la protección legal que tiene este grupo de mineros. Esto, a pesar de la exhortación que hizo el Tribunal Constitucional (TC), en uno de los considerandos de una sentencia de abril. El último martes, a través de un auto de aclaración, el TC reafirmó que existe un mandato dirigido a los legisladores, y a los Poderes del Estado en general, donde se señala que "no podrá establecerse exenciones de responsabilidad penal (referida a los delitos ambientales), civil o administrativa en el proceso de formalización minera, la prórroga del régimen transitorio y en cualquier política pública que regule dicha actividad de manera permanente".
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