La decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que nuevamente habilita las licencias de Reinfo que fueran suspendidas hace unos meses, constituye un retroceso que amenaza directamente al Estado.Esto se inscribe, además, en un contexto preelectoral, en el que parlamentarios que buscan la reelección transforman un desafío nacional de serias implicancias en el erario nacional en una ficha intercambiable dentro de estrategias cortoplacistas.La formalización de la minería artesanal y el control del territorio se subordinan así a intereses políticos coyunturales, desdibujando la responsabilidad del Estado y profundizando la crisis de gobernanza que aqueja al país.En el centro de esta problemática se encuentra la cuestión de la titularidad de las concesiones mineras. Según el Ministerio del Ambiente, entre el 85% y 90% de los inscritos en el Reinfo no poseen derechos sobre las áreas donde operan. Esta realidad constituye una de las principales barreras para la formalización, lo que perpetúa un limbo legal que sigue siendo invisibilizado por las autoridades políticas.