Tal como advertían numerosas voces desde hace meses, el Reinfo ha sido ampliado por quinta vez. Lo que nació como un mecanismo temporal para la formalización minera ha sido pervertido por el Congreso en una herramienta para perpetuar la ilegalidad. Todo ello gracias a la mano cómplice de parlamentarios que han antepuesto sus intereses electorales sobre los daños ambientales, sociales y económicos. Los votos a favor procedieron de las bancadas Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Somos Perú, Bancada Socialista, Podemos Perú, y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial. El predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas amplía el registro hasta diciembre del 2027. También se aprobó, aunque con restricciones y con cargo a redacción, el otro objetivo de los mineros informales: reincorporar a las más de 50.000 inscripciones que habían sido excluidas durante el gobierno de Dina Boluarte, lo que borraría de un plumazo lo poco que se pudo avanzar en los últimos años. El domingo, un informe del IPE publicado en El Comercio daba cuenta de 13.000 Reinfo en áreas naturales, zonas arqueológicas y otros espacios restringidos. La prórroga aprobada ayer no es más que un blindaje a la impunidad y un incentivo a la principal economía ilícita del país. Es un permiso oficial para seguir operando en espacios prohibidos.