En distintas ocasiones, el Ejecutivo y el Congreso han señalado que se toman muy en serio el avance de la minería ilegal. Instalan mesas de trabajo, designan funcionarios especializados, declaran a la prensa, y en general se esfuerzan por hacer notar que, cuando se trata de minería ilegal, no están pintados en la pared. Sin embargo, al momento de tomar medidas concretas para cerrar los espacios grises en los que opera la actividad, la mano es menos firme. Fuera de la exclusión de cerca de 50 mil inscripciones en el Reinfo en julio pasado, las iniciativas concretas han sido débiles. Incluso esta exclusión se ha puesto ahora en suspenso en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.