La representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, María Elena Foronda, solicitó que se realice una auditoría ambiental cuyos resultados sean públicos, la cual servirá para garantizar que se está actuando con respeto al medio ambiente y a la población posiblemente afectada.Este pedido, indicó, fue planteado meses atrás ante las entidades correspondientes de manera conjunta con el Consejo Machiguenga del Río Urubamba.El apresuramiento de las autoridades por instalar los ductos de gas impidió que se considere la alta peligrosidad de no contar con una fiscalización previa.Precisamente el Consejo Machiguenga del Río Urubamba aseguró que la comunidad más afectada con el derrame fue Ticumpinía, que reportó el colapso del ducto para mitigar el impacto.Esta versión fue respaldada por Ronald Rosas, presidente del Consejo Menor de La Concepción, quien denunció que dos mil nativos resultaron afectados con el combustible que llegó al río y mató a miles de peces.
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