Mientras en el Congreso aún hay voces que buscan extender el programa Reinfo -que prolonga la informalidad minera y actúa como un escudo para la minería ilegal y el crimen organizado-, las economías criminales en Perú continúan expandiéndose con efectos estructurales para el país. Un estudio elaborado por la Universidad del Pacífico el año pasado estimó que estas actividades mueven alrededor de 4% del PBI al año, lo que equivaldría a US$13,000 millones. Estas economías incluyen la minería ilegal de oro, el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal y otras formas de extracción o comercio clandestino, que provocan pérdidas que van más allá del monto movilizado. El delito de la explotación sexual y laboral asociado a la trata de personas está íntimamente ligado a economías ilegales. Además, estas actividades requieren protección violenta y alimentan el sicariato como mecanismo de control.Según el Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Ideas de Credicorp, entre 2022 y 2025 se han registrado más de 7,325 casos de trata de personas, mientras que solo en 2024 se logró rescatar a 2,809 víctimas. Estos números no solo reflejan un fenómeno criminal en expansión, que afecta a miles de personas, sino la limitada capacidad de respuesta estatal para afrontar la gravedad del problema.El Estado ha fijado para 2026 un presupuesto superior a S/177 millones para la lucha contra la minería ilegal (este año llegó a S/127 millones) y más de S/289 millones para el combate al narcotráfico (frente a S/274 millones en 2025). Sin embargo, varias preguntas persisten: ¿Qué porcentaje del gasto se ejecuta realmente en las zonas más afectadas y con calidad operativa comprobada? ¿Los instrumentos de política contribuyen a la formalización real o sirven de fachada para la ilegalidad?
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